La industria del transporte de pasajeros en Chile atraviesa un escenario de costos crecientes que está poniendo bajo presión su viabilidad operativa y financiera. El alza del diésel, nuevas exigencias regulatorias y la implementación de diversas reformas han configurado un entorno cada vez más desafiante para las empresas del sector. En este contexto, la discusión pública no puede centrarse únicamente en nuevas obligaciones, sino en medidas que permitan asegurar su sostenibilidad y resguardar los miles de empleos formales que genera a nivel nacional.

El impacto del alza del diésel

Uno de los factores más sensibles ha sido el fuerte aumento del precio del diésel, que elevó de manera inmediata los costos operacionales del sector. En el transporte interurbano, parte de ese aumento debe reflejarse en los pasajes, mientras que en el transporte privado remunerado el traspaso es mucho más limitado, porque los contratos vigentes no contemplan un incremento de esta magnitud.

Como consecuencia, una parte importante del sobrecosto ha debido ser absorbida directamente por las empresas, afectando sus flujos de caja, liquidez y capacidad de inversión. En una industria con altos niveles de endeudamiento, ese impacto se multiplica y compromete la estabilidad de la operación.

Más exigencias, más costos

A este escenario se suman nuevas obligaciones normativas y legislativas que, aun teniendo objetivos válidos, implican costos adicionales para las empresas. Entre ellas se encuentran los efectos de la reforma previsional sobre las cotizaciones de cargo del empleador, la implementación de la Ley Karin y diversas iniciativas en trámite que podrían agregar aún más exigencias técnicas y operacionales al transporte de pasajeros.

Entre ellas se encuentran proyectos que consideran nuevas exigencias de equipamiento, control y seguridad, como las disposiciones asociadas a la denominada Ley Alberto y a la normativa sobre desfibriladores. Estas iniciativas van a implicar inversiones adicionales en infraestructura, capacitación, mantención y protocolos de operación.

En ese marco, el gremio observa con preocupación que muchas de estas medidas se discuten sin un análisis suficiente sobre su impacto, especialmente en una industria que ya enfrenta altos costos estructurales y márgenes muy ajustados.

Infraestructura y operación

A los mayores costos laborales y regulatorios se suman problemas persistentes en infraestructura y operación. La industria ha planteado la necesidad de modernizar terminales, revisar sistemas de pesaje en carretera y reducir cargas asociadas a peajes y TAG que hoy no guardan relación con la realidad del transporte de pasajeros.

El gremio considera que varios de estos mecanismos resultan obsoletos o desalineados con una operación moderna, generando costos, demoras y sobrecarga administrativa sin aportar mejoras proporcionales en seguridad o eficiencia.

Medidas de mitigación necesarias

Frente a este escenario, FENABUS ha planteado que la discusión debe avanzar hacia medidas de mitigación concretas, que permitan aliviar la carga financiera del sector, tales como líneas de crédito blandas con aval del Estado.

Asimismo, revisar el sistema de pesaje de buses en carretera y las multas asociadas, práctica que resulta obsoleta y poco alineada con los estándares internacionales del transporte de pasajeros. A ello se suma la necesidad de reevaluar los peajes y cobros TAG, incluyendo las tarifas de saturación y los cobros por ejes en autopistas.

El transporte de pasajeros cumple un rol fundamental en la conectividad del país, la movilidad de las personas y la generación de empleo formal. Por eso, es necesario avanzar hacia condiciones que permitan mantener un servicio esencial para millones de pasajeros y resguardar la continuidad de una industria estratégica para el país.