La normativa publicada el 7 de febrero de 2026 en el Diario Oficial modifica la Ley de Tránsito, establece controles médicos obligatorios para obtener licencias de conducir, duplica las coberturas del SOAP y refuerza la seguridad en el transporte de pasajeros.

Origen de la ley

La Ley Jacinta (Ley 21.797) nace de una tragedia que conmovió a Chile en agosto de 2022. Jacinta González Schnitzer, una bebé de apenas 5 meses, falleció tras ser atropellada por un conductor de 80 años que padecía cáncer en etapa IV y confundió el pedal del freno con el acelerador mientras la pequeña paseaba con sus padres.

Devastado por la pérdida, Max Schnitzer, abuelo de Jacinta, lideró una incansable campaña ciudadana para transformar el dolor en un cambio legislativo concreto. Tras recorrer instituciones, medios de comunicación y espacios parlamentarios, logró instalar el debate sobre la necesidad de mayores controles médicos en las direcciones de tránsito y mejores condiciones de seguridad vial.

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en enero de 2025 con 133 votos a favor, una abstención y uno en contra, y posteriormente fue ratificado por el Senado. Finalmente, la ley fue promulgada y publicada en el Diario Oficial el 7 de febrero de 2026, entrando en vigencia de manera progresiva, con modificaciones que comenzarán a regir 90 días después de su publicación.

¿Qué busca la Ley Jacinta?

La normativa busca elevar los estándares de seguridad vial mediante controles preventivos de salud para los conductores, proteger a las víctimas de accidentes de tránsito y establecer medidas más rigurosas para el transporte de menores en motocicletas. Su objetivo es evitar que personas con enfermedades inhabilitantes o restrictivas conduzcan vehículos motorizados, reduciendo así el riesgo de siniestros viales.

La ley modifica la Ley de Tránsito, el Código del Trabajo y el Código Procesal Penal, introduciendo cambios estructurales que impactarán a todos los conductores del país, independientemente de su edad.

Principales cambios que establece la ley:

• Declaración jurada de salud obligatoria: Toda persona que solicite o renueve su licencia de conducir deberá presentar una declaración jurada que acredite que no padece enfermedades inhabilitantes o restrictivas para la conducción de vehículos motorizados.

• Nuevos procedimientos municipales: Los municipios deberán implementar un nuevo reglamento para verificar la idoneidad física y psíquica de los postulantes, reemplazando el instructivo actual de las direcciones de tránsito.

• Infracciones por no declarar enfermedades: No declarar enfermedades relevantes que puedan afectar la conducción será considerado una infracción grave, lo que podría implicar la cancelación de la licencia.

• Duplicación de coberturas del SOAP: El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales aumenta de 300 a 600 UF, brindando mayor protección económica a las víctimas de accidentes de tránsito.

• Protección a menores en motocicletas: Se prohíbe el transporte de niños menores de 12 años en motocicletas, exceptuando casos específicos que no afectan directamente al transporte de buses.

• Extensión del fuero laboral: Se extiende el fuero laboral para trabajadores que pierdan un hijo en accidentes de tránsito, otorgando mayor protección en el ámbito laboral.

Impacto en el transporte de buses

Para el sector del transporte de pasajeros por carretera, la Ley Jacinta representa un avance significativo en materia de seguridad vial y profesionalización del sector:

1. Conductores profesionales más capacitados: Los conductores de buses deberán cumplir con la declaración jurada de salud obligatoria al renovar sus licencias profesionales, asegurando que quienes operan vehículos de transporte público se encuentren en condiciones físicas y mentales óptimas para conducir.

2. Mayor protección para pasajeros: El aumento de las coberturas del SOAP de 300 a 600 UF beneficia directamente a los pasajeros del transporte interurbano y urbano, quienes contarán con mayor respaldo económico en caso de accidentes.

3. Modernización de la flota: La ley autoriza el uso de cámaras y monitores como reemplazo de espejos laterales en vehículos de transporte, modernizando la flota según estándares tecnológicos actuales y mejorando la visibilidad de los conductores.

4. Refuerzo de la seguridad operacional: La obligatoriedad de declarar condiciones de salud contribuye a prevenir accidentes causados por enfermedades no declaradas, fortaleciendo la seguridad operacional de las empresas de transporte.

5. Implementación progresiva: Las empresas y conductores del sector contarán con 90 días desde la publicación de la ley para adaptarse a los nuevos requisitos, permitiendo una transición ordenada hacia los nuevos estándares.

La Ley Jacinta representa un hito en la seguridad vial chilena y ratifica el compromiso del sector del transporte de buses con la protección de la vida de los pasajeros y la profesionalización de los conductores. Desde FENABUS, valoramos esta iniciativa ciudadana que se transformó en política pública y reafirmamos nuestro compromiso con la implementación efectiva de estas medidas que elevan los estándares de nuestro sector.