Manifestaciones con corte de tránsito y barricadas en la Ruta 5 sur, a la altura del Puente Maule, protagonizaron ayer pescadores artesanales de la región, en defensa de la ley despachada pro el Congreso y en espera de su promulgación, que regula la captura de la jibia.
El conflicto se desató por informaciones que llegaron al gremio, sobre la intención de parlamentarios de Chile Vamos, de llevar el texto a Tribunal Constitucional, ante rumores de presiones de la pesca industrial a este proyecto, que pasó su aprobación por el Senado y Cámara de Diputados, esta última instancia, el reciente 8 de enero.
La propuesta define que la especie dosidicus gigas o jibia, solo pueda ser extraída utilizando potera o línea de mano como aparejo de pesca, quedando prohibido cualquier otro tipo, lo que garantizaba la actividad artesanal, mediante un sistema sustentable y en contra de la pesca de arrastre industrial.
Adicionalmente, el proyecto establece que los armadores que infrinjan esta norma serán sancionados con multa de 500 unidades tributarias mensuales y el comiso de las especies hidrobiológicas y de los productos derivados de estas.
Por último, se indica que la presente ley entrará en vigencia seis meses después de su publicación.
Parlamentarios del Maule, como el senador Álvaro Elizalde, ya advertían en el debate en la cámara alta que “no es efectiva la inconstitucionalidad del proyecto y espero que ni el gobierno ni grupos de parlamentarios recurran a TC, que se ha transformado en el guardián del abuso que se produce en la pesca del país”. “Lo importante es cómo generamos condiciones para la pesca sustentable”.
En medio de las protestas que se registraron en diversos puntos del país, incluyendo el Maule, el Gobierno mantiene la incertidumbre respecto al destino que tendrá la ley que prohíbe la pesca de arrastre de la jibia.
En la jornada de ayer el ministro de Economía, José Ramón Valente, aseguró que “el Gobierno está analizando las alternativas que hay, y las vamos a reconocer en su minuto, pero todavía no tenemos una decisión tomada”.
“Tienen que entender que el Gobierno gobierna para todos los chilenos y los que gremios defienden sus intereses, ojalá lo hagan legítimamente y no con desorden”, agregó.
Junto con las protestas, hay incertidumbre en el Congreso sobre cuál será la decisión del Ejecutivo. El diputado democratacristiano Víctor Torres, uno de los autores del disputado proyecto, sostuvo que de llevarse la iniciativa al Tribunal Constitucional o de aplicarse un veto, sería “muy perjudicial, ya que el Congreso se ha pronunciado de manera mayoritaria en 3 trámites constitucionales”.
En este escenario, la administración de Sebastián Piñera tiene 30 días para iniciar el ingreso de un veto al Congreso, pero se mantiene abierta también la posibilidad de que ingrese al TC.
El conflicto sigue en desarrollo, luego de los incidentes de ayer, que incluyeron enfrentamientos y uso de lacrimógenas para despejar la vía, con pescadores artesanales, en espera de la promulgación de la ley.
Fuente: El Heraldo